Colombia no gusta del chavismo

Esta semana que pasó fue crucial para el presidente Álvaro Uribe y sobre todo para la soberanía de nuestro país.

Cada vez más y ampliamente ejemplificado podemos ver la coherencia del Presidente frente a sus políticas sociales; al pedir en la Cumbre de Unasur que ésta fuera transmitida en directo para el mundo quedó demostrado que el gobierno nacional actúa de manera transparente y de cara a la ciudadanía.

Miles de personas siguieron en directo cada una de las palabras del presidente Uribe; el afecto a nuestro mandatario son fiel muestra del reconocimiento y la confianza que representa para los colombianos un gobierno capaz de defender por encima de cualquier interés la soberanía nacional y el deseo de las mayorías.

Sus palabras lo demostraron al hacer realce en el inicio de su discurso cuando fue enfático al expresarles a los mandatarios latinoamericanos, que no hay renuncia ni abdicación de la soberanía y claramente se impide la intervención de otros Estados, a lo cual recibió la defensa de todos los gobiernos.

El apoyo a la intervención que había estado buscando Chávez durante todo el mes anterior a la Cumbre, con amenazas, improperios y ridículas sentencias quedó reducido a sugerencias de los países en el cuidado que se debe tener frente a el acuerdo que en materia de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad se firmó entre Colombia y Estados Unidos; contando también con el consenso de los países para luchar contra los grupos violentos y terroristas incluido en el acuerdo de Bariloche.

Poco pudo hacer el Chávez con sus bravuconadas, que retiran diplomáticos y pretenden rupturas comerciales sustituyendo importaciones e investigando a empresarios de bien.

Finalmente Uribe pidió que todos los acuerdos sean revisados en Unasur; nosotros no tenemos impedimento con que se miren en detalle todos los acuerdos que tenemos con EE.UU. y otros países; pero si determinante que los gobiernos vecinos hagan control sobre las fronteras y que desde todas las estrategias individuales y conjuntas se detenga la proliferación de campamentos rebeldes.

Colombia en repetidas ocasiones ha denunciado el asentamiento de campamentos guerrilleros en países vecinos. Este gobierno ha logrado que los países de otros continentes vean las verdaderas caras de los violentos. Uribe ha llegado en muchos momentos como el blanco de acusaciones y vejámenes, pero siempre se va con la certeza del bien hacer. Chávez, por el contrario, llega en medio de ambientes hostiles que crea y pone en escena y siempre sale como el gran perdedor de esta batalla que él mismo ha montado y ha representado para el mundo.

Nuestra lucha con el narcotráfico, con el terrorismo y la defensa de nuestra soberanía nacional debe ser permanente, ningún gobierno tiene razón para intervenir en el ideario colombiano.

Ni el irrespeto de algunos saboteadores puede ganarle al buen país, que Dios proteja a nuestro Presidente.

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PROYECTOS DE LEY DE LA SENADORA ELSA GLADYS PARA ESTA LEGISLATURA

Boletín No. 4 Nuevos proyectos de legislatura

Los Falsos Positivos en el Brasil

EL pasado 7 de agosto el mundo se sorprendió tras la noticia del periodista brasileño, Wallace Souza, quien presuntamente mandaba a matar personas para revelar luego la primicia en su programa televisivo Canal Livre, trasmitido por America TV en el Estado de Amazonas, y así obtener mayor rating en su programa.

Pero este no es el único caso en el que se registran en algunos medios de comunicación atentados contra la dignidad humana por la pugna por audiencia o por obtener beneficios específicos en favor de medios de comunicación o periodistas. Los falsos positivos en los medios de comunicación están a la orden del día y van desde el simple tráfico de la pobreza y la miseria de las personas como lo ocurrido en tiempos de Fujimori en el Perú, con los conocidos “tall show” de Laura Bosso y Magaly Medina, o la cubana Cristina Saralegui en Miami, quienes hacían toda una puesta en escena del dolor y la ignorancia, hasta casos más espeluznantes, como las entrevistas a terroristas serbios en Alemania que mostraban cómo preparaban los ataques; la entrevista a un niño de 8 años que se inyectaba heroína, que le mereció un premio Pulitzer al Washington Post y que luego se descubrió era un montaje de la periodista Janet Cooke, entre muchos otros.

Algunos medios de comunicación y periodistas se han dejado envolver en una guerra mediática que libra batallas en el espacio de las microondas y han llegado a intentar desestabilizar a los Estados; en Colombia incluso han tratado de afectar la política de seguridad democrática; poniendo a dirigentes de otros países a opinar desde los hechos vistos con el ojo del periodista o del medio que en algunos casos son utilizados y en otros artífices de estrategias que en últimas terminan confundiendo a las audiencias; desvirtuando el fin último del periodismo: servir a la sociedad y registrar la realidad.

Así hemos visto cómo militares, congresistas e instituciones entre muchos otros formados como pilares de la democracia, se han vilipendiado y han sido presionados a renunciar a sus vocaciones sin antes consolidarse sus condenas por los jueces. Han sido algunos medios de comunicación quienes validan o no sus culpas.

Así, en ciertos casos que hoy vemos como los llamados falsos positivos en donde se han involucrado a muchos de nuestros militares y que valga la pena aclarar hasta el momento la justicia no ha fallado, es más ni siquiera hay investigaciones; culparon al Ejército Colombiano y le asignaron al gobierno los falsos positivos como una política de Estado.
¡Qué grave esto! Un país que ha estado atravesado por todas las formas de violencia y desacato al orden social, termina culpabilizando en absoluto a sus instituciones.

Por fortuna para nosotros en Colombia gracias a la libertad de prensa y a la formación, profesionalismo y objetividad de la mayoría de nuestros periodistas se ha hecho de las comunicaciones un mecanismo de investigación seguimiento y resultados que han contribuido al debido desarrollo y funciones en lo público y privado.

Hoy las guerras, además de librarse en los campos, contra los violentos y contra los mercenarios hay que librarla con algunos medios. Por el derecho que tenemos los pueblos a la verdad.

POBREZA, UN PARADIGMA QUE NOS ENREDA Hablemos mejor de Desarrollo Humano

A lo largo de la historia los académicos y estudiosos del proceso del Desarrollo Humano han elaborados innumerables conceptos, teorías y mediciones de la calidad y el nivel de vida de la población, intentando de todas las formas generar pensamientos estratégicos que lleven a los Estados a formular políticas públicas que satisfagan las necesidades básicas de la sociedad y que cimenten los principios y derechos fundamentales.

Es así como encontramos que en la evolución de dichos conceptos se ha pasado rápidamente de lo estructural donde el crecimiento económico es el fin del desarrollo humano hasta lo constitutivo e instrumental que ve en las libertades y capacidades humanas el sentido para  el enriquecimiento de la vida, trasformando el crecimiento económico en un medio para lograr la potenciación de las variables del desarrollo.

En este nuevo contexto el Estado debe fijar límites mínimos que debe cubrir para garantizar el funcionamiento de una sociedad justa legitimando su propia existencia. Desde donde el establecimiento de las políticas públicas para el desarrollo humano estén conciliadas en una praxis democrática, desde la cual los sujetos adquieran conciencia social y donde la primacía sea la justica, el interés general y la equidad; haciendo de los derechos y deberes económicos, sociales y políticos la condición sine qua num para la resolución de las necesidades fundamentales.

Como lo dijera René Casín: “El ser humano tiene una personalidad indivisible. Su derecho a la vida no solo exige un orden social donde este a salvo del terrorismo y la ejecución sumaria, también es preciso que pueda encontrar su subsistencia en un trabajo y el apoyo activo de sus semejantes para él y su familia, cuando no se encuentre en condiciones para producir”.

Entonces, hablar de desarrollo humano, de no pobreza, es referirse necesariamente a todas las variables que están permanentemente en transformación y crecimiento y desde donde sus requerimientos desde el punto de vista del bienestar, entendidas como todas las necesidades de los seres humanos tanto en lo biológico como en lo evolutivo y sus derivaciones, así como causas, consecuencias situaciones directas e indirectas sean cubiertas y sostenibles. Aspectos que son consecuencia de la operacionalización del bienestar social que sustentan a los estados de bienestar.

Se hace necesario evaluar el enfoque actual en el cual se mide y se cataloga la pobreza en nuestro país, hacia la implementación de políticas públicas que eliminen el fenómeno que hemos denominado “la estigmatización y desesperanza aprendida” que ubica a las personas en estados de indefensión frente a los retos que consigo trae el mejoramiento de la calidad de vida. Una estigmatización que refuerza a partir de los procesos de focalización la cultura de la vulnerabilidad y la miseria; y que hacen que las personas se establezcan en estos estados a cambio de los beneficios de los programas sociales y subsidiarios del Estado.

La focalización de la Pobreza a partir de la catalogación en el nivel de ingresos de la población debe servir para potenciar en los seres humanos la búsqueda del bienestar integral y el mejoramiento de la calidad de vida; las políticas pública y los programas que implemente el Estado deben ir enfocadas a beneficiar aquellas personas que con el crecimiento de sus ingresos observen un mejoramiento sustancial en su desarrollo. Los subsidios y programas asistenciales deberán otorgarse como un incentivo al mejoramiento y no como una forma de legitimación de la pobreza extrema.

Como lo hemos mencionado en otros artículos y pensando en que los colombianos salgamos de la trampa de la pobreza hemos radicado un proyecto de ley en el Congreso de la República donde el SISBEN sea concebido bajo el enfoque del desarrollo humano, entendido como el proceso permanente donde las personas son el centro del desarrollo y su bienestar consista en la búsqueda de la igualdad y el crecimiento que permitan elevar sus condiciones de vida y ampliar sus libertades en la búsqueda de la felicidad.

El estudio del bienestar y la focalización de la pobreza mas allá de las necesidades básicas satisfechas deben ser abordados desde sus concepciones primarias fundamentadas en el ser.  El concepto del ser humano y el desarrollo humano como hilo conductor en donde se enmarca la situación actual de la calidad de vida en nuestro país.

La pobreza debe ser vista desde los ingresos y el crecimiento considerado en su doble espíteme, como mejoramiento de la calidad de vida y como búsqueda permanente de la felicidad y el logro en los compromisos éticos para buscar el desarrollo humano.

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EL GRAN SUEÑO DEL PATRIMONIO PÚBLICO

La moral y la ética son dos conceptos que etimológicamente se corresponden, el uno está íntimamente relacionado con el otro en cuanto a su reflexión social, la moral entonces siempre hará referencia a las conductas, a la acciones de individuos o grupos y la ética por su parte será la reflexión e interpretación que hagamos sobre las costumbres y acciones de los seres humanos. Lo público por otro lado implica una mirada desde lo social, en tanto que es un reflejo de las voluntades políticas, del tejido social y de las dinámicas culturales, económicas y físicas en contextos que se ubican en el tiempo y el espacio.

Debería ser entonces la ética publica el gran sueño de la colectividad, la observancia de las acciones ciudadanas construidas en jornadas sociales abiertas y permanentes, participativas y respetuosas, desde donde la justicia y la honestidad sirvan a la sociedad en su utilización pública. Legitimando  las diferentes concepciones existenciales tales como el amor universal, el amor al prójimo y la trasparencia, transformándolas en prácticas ciudadanas constantes y fundamentales en el desarrollo social.

La ética pública debiera ser entonces más que la frente de los humanistas y la liberación de conceptos fragmentados en el quehacer humano, debería ser más que una promesa o un discurso donde hablar a la humanidad sea solo “urbi et orbi”, es decir, hablar a todo el mundo y a nadie; la ética pública debiera ser una evaluación constante y permanente de las responsabilidades sociales y jurídicas del ser humano sobre sus compromisos y comportamientos respecto de la colectividad en la cual se está inmersos.

La corrupción en la historia de la humanidad desafortunadamente ha seguido ganado espacio en las  estructuras sociales y psicológicas, en la construcción de una esfera pública basada en la libertad y la honestidad, pero hemos comenzado a pensar en la urgente necesidad de recomponer el estado desde lo ciudadano, desde el ejercicio del poder sustentado en los seres humanos.

El actual gobierno nos ha hecho ver una nueva  forma de hacer política, que nos ha situado en una sociedad que busca permanentemente acabar con el flagelo de la corrupción, una política que busca permanentemente poner a los ciudadanos en conocimiento del funcionamiento gubernamental, que entrega y recibe permanentes rendiciones que vuelven trasparentes las prácticas públicas.

Es cierto que la corrupción es toda una paradoja, puesto que sabemos con claridad que ningún ser humano por muy culto que sea, está libre de ser “llamado” por las estructuras subterráneas que genera la corrupción. Ello debido a que todos tenemos en nuestra formación ética un llamado “punto de tensión”, donde la estructura de valores se ve de cierta forma “movida” o afectada por elementos que tocan nuestras más profundas motivaciones. Para unos será el afán de dominio. Para otros será la necesidad de conseguir dinero. Otros más querrán prestigio social, pero siempre estarán tocando la línea delgada que separa lo correcto de lo incorrecto.

Es curioso ver a los llamados “moralistas” elaborar bellos discursos sobre los valores y enjuiciar de manera dura y cortante a quienes han incurrido en conductas de corrupción. Se olvidan que ellos también tienen su “punto de tensión” y podrían alguna vez volver borrosa la frontera de lo bueno y lo malo, de lo que debe ser y lo que no debe ser. Es curioso que muchos de dichos “moralistas” sean quienes precisamente no den ejemplo de lo que dicen ni en sus pensamientos ni en sus acciones.

Las sociedades tienen los gobernantes y dirigentes que ellas mismas eligen. Las empresas prosperas o quebradas tiene a sus gerentes escogidos; es entonces desde la reflexión de la condición humana como debemos constituir unas mejores prácticas en el uso y ejercicio de la ciudadanía y del poder.

La ética pública más que estigmatizar y excluir en señalamientos vanos y dañinos para la sociedad, se debería convertir en el compromiso de dirigentes y políticos, de empresarios y empleados, de estudiantes y amas de casa desde donde se construyan mejores prácticas en el uso de una cultura ciudadana que fortalezca las estructuras sociales, una formación cívica y respetuosa de los valores y principios que hemos definido en nuestro Estado social de Derecho. La ética pública debe ser una práctica esencial que gobierne a los colombianos.

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ALERTA SOBRE LOS PLAZOS PARA CAMBIO Y ENTREGA DE CÉDULAS

La Senadora Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, alerta a la comunidad sobre el tiempo que queda para renovar la Cédula de Ciudadanía y la importancia que estas sean entregadas en el mes de marzo próximo antes de las elecciones.

Al respecto la Senadora Cifuentes Aranzazu advierte: “nos preocupa mucho que las personas no han hecho el trámite para renovar sus cédulas, teniendo en cuenta que el plazo máximo para este trámite es a 31 de diciembre de 2009, no para renovarla, sino para tenerla ya en propiedad. Recordemos que las personas que al 01 de enero de 2010 no tenga su nuevo documento, no podrá hacer ningún trámite legal y no podrá ejercer su derecho al voto en los próximos comicios electorales.

Solo en el Departamento de Risaralda faltan por renovar sus documentos 30 mil personas. Creemos que al respecto hace falta promover una campaña que invite a las personas a renovar sus cédulas a tiempo y a informarse sobre el proceso que se debe seguir”.

Recordemos que la cédula nueva se reconoce por tres características básicas:

a) Color amarillo brillante.

b) Código de barras en la parte posterior.

c) Foto totalmente de colores.

Todo ciudadano que tenga una cedula que no cumpla alguna de estas tres características debe renovar.

3°  El trámite no tiene costo alguno.

4°  Los requisitos para renovar son tres:

a) Presentar la cedula antigua; esta en ningún momento será retenida.

b) Presentar un documento donde se demuestre la hemoclasificación (tipo de sangre)

c) Suministrar datos como: nombre del padre, nombre de la madre y dirección de residencia.

5° La fotografía de renovación es tomada en la Registraduría no tiene costo.

6° La renovación se puede hacer en cualquier Registraduría del país sin importar el lugar de expedición de la cedula.

7° Este trámite solo se demora cinco minutos aproximadamente.

8° Al momento de renovar hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

a) La fotografía que se toma en el proceso de renovación en ningún momento es sometida a software, así que, lleve la ropa que considere adecuada para su cedula. Así mismo como el peinado ya que no se puede utilizar ningún tipo de accesorio para la cabeza.

b) Las huellas son digitales por tanto llevar las manos limpias y secas.

c) Acompañar a los adultos mayores a hacer este trámite.

d) No llevar niños menores de diez años.

Es urgente que la comunidad realice este trámite y que las registradurías se comprometan a entregarlas antes de marzo del año entrante

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“POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GRATUIDAD DE LA LIBRETA MILITAR”

Senado de la República

PROYECTO DE LEY No.  49   DE 2009  SENADO

Por la cual se establece la gratuidad de la libreta militar

 

El Congreso de La República de Colombia

DECRETA

 Artículo 1: El ARTÍCULO 22 de la Ley 48 de 1993, el cual quedará así.  Los inscritos que no ingresen a filas y sean clasificados por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo, habiendo sido eximidos de la prestación del servicio militar, tendrán derecho a obtener, en forma gratuita, la tarjeta de reservista o la provisional militar, según sea el caso.

ARTÍCULO 2.  La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga toda la normatividad que le sea contraria.

 

ELSA GLADYS CIFUENTES ARANZAZU

Senadora de la República

 

Senado de la República

PROYECTO DE LEY No.   49     DE 2009 – SENADO

Por la cual se establece la gratuidad de la libreta militar 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Revisando los antecedentes históricos al respecto, encontramos que mediante sentencia de noviembre veinticinco (25) de mil novecientos treinta y cinco (1935), al resolver una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 27 del Decreto 2020 de 1925 de acuerdo con el cual los individuos a quienes correspondía prestar el servicio militar sólo podían eximirse de hacerlo “mediante el pago, por una sola vez, de una prima” que entonces se llamaba “prima de exención”, la Corte Suprema de Justicia consideró que la defensa militar del país podía ser satisfecha tanto con el aporte personal del individuo que entraba en el ejército activo, como con el aporte pecuniario de quien no prestaba contingente personal en las fila.

En la Ley 48 de 1993, en el artículo 22, se creó la Cuota de Compensación Militar que tiene por finalidad normalizar la situación militar del inscrito que no ingrese a fila como una prestación eminentemente pecuniaria y cuyo pago no debe entenderse en forma alguno como sustitutivo de la prestación del servicio militar ya que la situación de eximido produce una ruptura respecto de la obligación originaria, pues, como se destacó, significa ser liberado de ella y, según el régimen colombiano, en las condiciones que la ley disponga.

En sentencia C-621/07 La Corte Constitucional de Colombia declaro la Inexequibilidad parcial del citado artículo 22 de la Ley 48 de 1993, toda vez que dicha norma violaba el principio de “Legalidad Tributaria”.

Dijo la Corte en el fallo previamente citado que:

“La autorización concedida a la Administración para establecer la base gravable y la tarifa de la cuota de compensación militar vulnera la reserva de ley que en materia tributaria contemplan los artículos 150-12 y 338 de la Carta y, por contera, los artículos 113 y 121 superiores, sobre la separación de poderes.

Tratándose de tributos de carácter nacional, el Congreso tiene la obligación de ocuparse de todos sus elementos y, por lo mismo, debe señalar el sujeto activo, es decir, “la entidad estatal con derecho para exigir el pago del tributo”, el sujeto pasivo o persona “en quien recae la obligación correlativa”, el hecho gravable o situación de hecho “a la cual la ley confiere la virtualidad de generar la obligación tributaria”, así como la base gravable y la tarifa, “que son los elementos determinantes de la cuantía misma de la obligación”. Sin embargo, el artículo 22 de la Ley 48 de 1993, después de referirse al hecho generador y a los sujetos activo y pasivo de la contribución especial, indica que el Gobierno determinará el valor de la cuota de compensación militar, así como “las condiciones de liquidación y recaudo”, lo cual significa, de un lado, que el legislador no definió directamente ni la base gravable ni la tarifa y, de otro lado, que defirió al Gobierno su definición”.

En dicho contexto, la frase “El Gobierno determinará su valor y las condiciones de liquidación y recaudo”, contenida en el primer inciso del artículo 22 de la Ley 48 de 1993, fue declarada inconstitucional, pues en ella se materializaba una contradicción con la Carta Política, dado que otorgaba al Gobierno la facultad para la regulación integral de una materia sometida a reserva de ley.  Como consecuencia, a partir de dicho fallo, no se cobra esa cuota y por lo tanto se le debe normalizar la situación militar y expedir la tarjeta sin la necesidad de ese pago a las personas que legalmente han sido exentas de la prestación del servicio por cualquiera de las causas que la Ley refiere.

La necesidad del cobro de la “cuota de compensación militar” se ha justificado al partir de la idea de que existe un beneficio obtenido por el particular y que, para compensar ese beneficio, debe efectuarse un pago. La obtención del beneficio se traduce en que la no prestación del servicio da al eximido, la posibilidad de dedicarse inmediatamente al desarrollo de labores productivas o a continuar con su proceso educativo.

Como lo ha expuesto la Corte Constitucional, el pago de la cuota es obligatorio y se trata de una prestación eminentemente pecuniaria cuyo propósito consiste en normalizar la situación militar del inscrito que no ingrese a filas, pero no posee las características del servicio militar ni el carácter personal del mismo, pues la situación de “eximido” tiende a producir una ruptura respecto de la obligación originaria (liberarse de la prestación del servicio militar), en las condiciones que la ley dispone.

La Constitución Política Nacional, en su artículo 216, indica que la ley “determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar”.  Acorde a la Real Academia Española de la Lengua, por eximir[1] se entiendeLibrar, desembarazar de cargas, obligaciones, cuidados, culpas, etc”.  Conforme a este precepto constitucional, al legislador le corresponde determinar las condiciones que eximen del servicio militar y, en pro de tal mandato, el legislador ha establecido que los obligados serán eximidos del servicio militar por “haberse configurado alguna de las causales de exención o por inhabilidad o falta de cupo”.

Se suele afirmar erróneamente que la cuota implica una compensación del ciudadano al Estado por la simple circunstancia de no ser incorporado a las filas.  Es conveniente recordar que la compensación, es un “modo de extinguir obligaciones vencidas, dinerarias o de cosas fungibles, entre personas que son recíprocamente acreedoras y deudoras. Consiste en dar por pagada la deuda de cada uno por la cantidad concurrente[2].

No obstante, el beneficio obtenido por el sujeto eximido de prestar el servicio militar debe ser entendido a cabalidad.  Esto, pues se  equivocan quienes consideran que la función de la cuota de compensación es sustituir la no presentación del servicio militar obligatorio cuando se ha sido declarado legalmente exento del mismo; de tal modo que las personas pagan la cuota y, por haberla pagado, el Estado se abstiene “de exigirles el ingreso obligatorio al ejército”, liberándolas “de las fatigas y molestias inherentes al servicio” y permitiéndoles aprovechar su tiempo y sus capacidades “para desarrollar su actividad económica en la época de la vida más propicia para ello”.

No es objeto de discusión el hecho que quien paga la cuota no queda sometido a prestación del servicio y tiene la posibilidad de dedicarse a la actividad que libremente escoja, pero es menester aclarar que ese beneficio no se deriva del pago de la cuota, sino como consecuencia de la exención del servicio.

Debemos recordar que la mal llamada cuota de compensación, se cobra al inscrito que no presta el servicio cuando se le exime de la prestación personal, en cumplimiento del mandato Constitucional contenido en el artículo 216 y reglamentado por la Ley 48 de 1993 “por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo”.  Por tal razón, una persona que ha sido eximida en cumplimiento de un mandato constitucional y legal de la prestación del servicio, mal podría considerarse deudora como para tener que pagar una “compensación” al Estado pues la exención implica la extinción de la obligación para el obligado y, por ello, no puede hablarse de una compensación ya que la obligación del ciudadano ha desaparecido en virtud de la Ley.

De acuerdo con el planteamiento precedente, la exención de la prestación del servicio militar no es una decisión que depende de la exclusiva voluntad del ciudadano, pues este cumple con el deber de realizar la inscripción al mismo, la cual es obligatoria, y la clasificación (hecho de quedar eximido) es el resultado de factores tales como la configuración de una causal de exención, la inhabilidad o la falta de cupo, factores que, ya sean inevitables o fruto de la casualidad, en cualquier caso escapan al libre albedrío del inscrito.

Así las cosas, el pago de la cuota de compensación militar se exige cuando se da la confluencia de las condiciones legalmente previstas para su viabilidad y, por lo tanto, no obedece al simple deseo de evadir el ingreso a filas o al solo hecho de tener la posibilidad de redimir económicamente la prestación del servicio militar obligatorio. En otras palabras, quien paga la cuota de compensación militar lo hace porque, habiéndose inscrito, resultó clasificado en razón de factores independientes de su voluntad personal y por nada más, ya que no es factible ofrecer el pago de la cuota con el único propósito de eludir la prestación del servicio militar.

 

En las anotadas condiciones, aún cuando no se produce su incorporación a la fuerza pública, el beneficio que obtiene el eximido no es la consecuencia directa del pago de una suma de dinero por concepto de cuota de compensación militar, sino el resultado de haberse configurado alguna de las causales que, al eximir al inscrito de prestar el servicio, le otorgan la condición adicional de clasificado.

 

Siendo así, el inscrito que, además, resulta clasificado, no se encuentra ante el dilema de pagar la cuota de compensación o de prestar el servicio militar, pues, sencillamente, ha sido eximido del servicio y, en razón de las ventajas que le representa esa situación, el Estado lo obliga al pago de la cuota.

 

Debemos recordar que el legislador, en su autonomía, puede y debe determinar las condiciones que eximen del servicio militar y, si bien el Congreso de la República hubiera podido imponer el cumplimiento de una “prestación social sustitutoria” a quienes resultaran eximidos del servicio militar por haberse configurado alguna de las causales de exención o por inhabilidad o falta de cupo, no lo hizo así y, en cambio, previó el pago de una suma de dinero, denominándola “cuota de compensación militar”.

 

No obstante, debemos ser consecuentes y corregir el absurdo en que incurre la norma al pretender cobrar al ciudadano el impuesto de “cuota de compensación militar” que, como se ha dicho no tiene la misma naturaleza personal del “servicio militar” sino que es un pago pecuniario derivado de una visión errónea sobre los beneficios que para el ciudadano representa la no prestación del servicio militar obligatorio. 

 

Cómo se ha afirmado hasta ahora, la “exención” no aparece como fruto del capricho arbitrario de la persona, sino derivada del mandato legal y Constitucional.  Por tanto, es menester consagrar la gratuidad de la expedición de la libreta militar, documento de gran importancia en la vida de las personas toda vez que, a modo de ejemplo, a su presentación está condicionada la obtención de empleo o el ingreso a la educación superior.

 

Actualmente,  en cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional previamente citado, se prohibió que se siguiera recaudando dicho tributo.  Es decir, actualmente no se cobra la “cuota de compensación militar” y por tal razón lo que pretende este proyecto de Ley es garantizar que la situación permanezca así, toda vez que el cobro de la cuota, cómo hemos sustentado a lo largo de la exposición de motivos, constituye una afrenta contra los derechos del ciudadano.

 

 

De los Honorables Senadores y Senadoras,

  

 

ELSA GLADYS CIFUENTES ARANZAZU

Senadora de la República

 

 


[1] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA – Vigésima segunda edición.  Para más información ir a:  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=eximido

 

[2] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA – Vigésima segunda edición.  Para más información ir a:  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=compensaci%F3n

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