Seguridad Social

La seguridad social no puede depender de la relación laboral ni de la subordinación del trabajador, sino que debe ser asumida “como un derecho por su condición humana” por la necesidad de la persona y la obligación del Estado de prevenir el riesgo, conservando la comunidad sana y productiva, generando las condiciones hacia la calidad de vida “vida con dignidad”.
Acaba de pasar un ciclo de intenso debate en las comisiones séptimas de Cámara y Senado y en sus plenarias, sobre la nueva reglamentación de las cooperativas, quedando en evidencia que muchas de ellas han hecho uso indebido del espíritu asociativo y de los beneficios en la ejecución de presupuestos públicos y privados encaminados a administrar los salarios de la población trabajadora de determinados sectores de la economía. El Ministerio de la Protección Social deberá ordenar los debidos procesos de investigación y valoración de pruebas definiendo las sanciones y los cierres de aquellas cooperativas que abusando de esta figura social y de la necesidad de emplearse de miles de trabajadores estén explotando y maltratando la dignidad humana de sus asociados y vulnerando todos sus derechos fundamentales..
La puesta en marcha hace ya varios años de la PRAP (Programa de Renovación de la Administración Pública) ha permitido disminuir el gasto en el sector público no financiero que amenazaba la sostenibilidad de las finanzas públicas sin alcanzar resultados sociales necesarios. Hoy con un mejoramiento importante en la administración, con avances en la lucha contra la ineficiencia y la puesta en marcha de programas sociales liderados desde la Consejería de Acción Social y el ICBF se vienen atendiendo las poblaciones más vulnerables creando la necesidad apremiante de institucionalizar un fondo social y solidario que nos permita pasar de un programa de gobierno a una política de Estado que atienda a la gente en su edad madura. Los ancianos ya no por el desempleo, sino por la incapacidad física de ser productivos, se convierten en una población vulnerable a la discriminación. Así también miles y miles de casos encontramos de desocupados: liquidados de empresas que se gastaron los recursos de las indemnizaciones, millones de amas de casa que por dedicar su vida a lo doméstico, a la reproducción, educación y cuidado de sus familias no han tenido ingresos y en consecuencia no han podido cotizar para su pensión; trabajadores informales que por no tener capacidad de ahorro ni de cotización se han ido marginando de la seguridad social.
Resulta entonces el máximo desafío crear un fondo pensional, que favorezca a los no cotizantes; priorizando a las amas de casa y a los trabajadores informales.
En Colombia hemos respondido por los bonos de paz, subsidiando la seguridad democrática; es hora de contribuir desde la población civil, con unos bonos solidarios de responsabilidad social; que sumados a un esfuerzo de ahorro en el gasto público, permita avanzar en la seguridad social con equidad.

elsagladys.com

senadoraelsagladys@gmail.com

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