LAS PERSONAS PASAN… LAS INSTITUCIONES QUEDAN

El Congreso Nacional de Colombia, como en casi todos los periodos constitucionales, afronta un embate que pretende debilitar una de las ramas del poder público nacional.

Invito a los críticos, a la población colombiana y a la clase política, incluyendo a los congresistas, a reconocer que esta institución está tan legitimada que ha sido respetuosa con el trámite de fortalecimiento judicial y el proceso de verdad frente al origen ilícito que ha permeado algunas expresiones de la política nacional. Es este Congreso tan digno, que viene soportando el calvario de señalamientos; por cuenta de la justicia; y ve con respeto la renovación natural que se viene haciendo en las dos cámaras del poder legislativo.

Tomando como punto de partida el Derecho de Representatividad, tenemos que ésta connotación cambia según la época en que nos encontremos. En la época moderna, se busca una forma de participación de ciudadanos, permitiendo así que se puedan tomar decisiones en forma democrática ante la imposibilidad de una participación directa del pueblo en todas las decisiones que deben tomarse.

En palabras de Maria Josefa Rubio, docente de la UNED en España, “En su acepción moderna, la noción de representación popular, parlamentaria o democrática alude a un tipo de relación especifica que se establece entre el representado y el representante mediante las alecciones en la que la autorización para decidir corresponde a los representados y la obligación de dar cuentas a los representantes.[1] Entonces, existe una relación directa entre representatividad y democracia y el poder está en manos del pueblo.

Así, la Constitución Política, como mandato del pueblo, que es el Constituyente Primario, consagra mecanismos para suplir las vacancias absolutas o temporales que se presenten por la ausencia o renuncia de algún Congresista; el artículo 261 es clara al decir que las faltas absolutas o temporales serán suplidas por los candidatos que según el orden de inscripción en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral. De igual forma, la Ley Orgánica del Congreso, Ley 5 de 1992, en su artículo 278, establece que el reemplazo de un congresista se hará según el orden de inscripción en la lista.

Si bien es cierto que los Congresistas contamos con la garantía constitucional de la “Inviolabilidad Parlamentaria”, debe recordarse que ese derecho no es omnímodo. Cómo todo derecho constitucional tiene alcances y limitaciones, razón por la cual debe ser usado con prudencia y dentro del contexto para el cual fue ideado: la actividad legislativa. Por ello, quiero extender una invitación cordial a todos los Honorables Parlamentarios para que sean prudentes al momento de emitir comentarios que puedan revestir un carácter peyorativo hacia la institución de la cual hacemos parte.

Manifiesto expresamente que el Congreso si es legítimo, ha sido elegido por una gran mayoría de ciudadanos; votos que tenemos que presumir legítimos, validos y dignos entre tanto se decida la responsabilidad de los congresistas cuestionados. Así, se debe “RESPETAR”, con mayúscula actitud, esta institución que viene enfrentando con entereza este exámen con lupa que permite el foro democrático de la nueva política.

ELSA GLADYS CIFUENTES ARANZAZU

Senadora de la República


[1] www.Uned.es. Mª Josefa Rubio Lara. Representación política y sistemas representativos.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: