QUE INTERVENGA LA SUPERSERVICIOS, Constancia Septiembre 9 de 2008

La Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 142 de 1994, Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, le corresponde al Presidente de la República, ejercer el control, la inspección y vigilancia de las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios, todo ello por medio de la Superservicios.

Dentro de sus principales funciones, esta entidad de control, debe evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos.

La Superservicios puede, como medida preventiva, ordenar la separación de los cargos que ocupan los gerentes o los miembros de las juntas directivas de las empresas, cuando a su juicio, se estén incumpliendo de manera reiterada, los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad y además también puede tomar posesión de una de tales empresas cuando incurra en las causales fijadas por la ley para el efecto, dentro de las cuales están las de evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios.

Este marco legal se encuentra plenamente vigente y debe servir de instrumento efectivo de defensa para los usuarios individualmente considerados y para la sociedad en general, frente a los ataques que reciben de las malas administraciones de tales empresas.

A pesar de la sensibilidad social que representan las empresas de servicios, dada su injerencia directa en la calidad de vida de toda la comunidad y en el presupuesto de cada una de las familias colombianas, en muchos casos, tales empresas han sido afectadas, en diferentes grados, por actos de corrupción que pueden ir desde el simple saqueo de sus arcas, hasta el uso de sistemas y procedimientos más especializados como el expedir manuales de contratación que no exijan publicidad de su actividad contractual o impidan la participación plural de oferentes; o armar y maquinar procesos de contratación amañados; utilizar testaferros contratistas; contratar con impresionantes sobrecostos o permitir la ejecución de obras de mala calidad, entre otros.

Pero no sólo estas conductas, relacionadas como ejemplo, son corruptas, pues buscan obtener un beneficio económico inmediato para el corrupto funcionario que adelanta la contratación ordinaria de una empresa, si no que tristemente, según me cuentan personas conocedoras del sector, pueden presentarse otras, aún más especializadas y graves, que premeditan toda una serie de gestiones y actos financieros, técnicos y administrativos errados con el fin de debilitar la empresa y llevarla finalmente a un punto de no viabilidad, con el único propósito de obligar su venta total o parcial y a bajo precio, a compradores que finalmente resultan socios de los mismos administradores que llevaron a la entidad a ese punto.

Así, pueden convertirse en flamantes dueños de las empresas de servicios públicos aquellos que fueron responsables de su ruina, para luego, en corto tiempo y a baja inversión, lograr la recuperación económica de la entidad y grandes beneficios económicos personales.

Las empresas de servicios públicos son patrimonio muy valioso de toda la comunidad y lo que a ellas las afecte, nos afecta a todos y por lo tanto todos tenemos la obligación de defenderlas.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y todas las autoridades públicas que sean competentes, tienen la obligación de vigilar y controlar la gestión de las empresas de servicios y evitar que estas graves situaciones puedan presentarse.

Por mi parte, desde el Senado de la República, me propongo preparar y presentar un proyecto de ley que eleve a categoría de delito especial y agravado, las malas gestiones de los administradores de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que en forma culposa o dolosa, permitan durante sus administraciones, que las empresas de servicios públicos, otrora importantes empresas locales, se vengan a menos y tengan que ser vendidas o empeñadas.

A la Superintendencia de Servicios Públicos hago un llamado público para que, en ejercicio de sus funciones, someta a control y vigilancia extremos y permanentes a todas aquellas empresas de servicios públicos domiciliarios que sospechosamente han venido disminuyendo su calificación en los índices de gestión y adopte las medidas preventivas que sean del caso, incluyendo el retiro de los administradores y la propia toma de posesión de las empresas, con el fin de evitar la ocurrencia de prácticas tan horribles como las descritas.

Envíese copia de esta constancia a los órganos de control con la petición expresa de intervenir de inmediato en el análisis del desarrollo financiero y cumplimiento misional de las empresas que aun sobreviven en los municipios del país.

ELSA GLADYS CIFUENTES ARANZAZU

Senadora de la Republica

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