¿QUE PASO CON LA REFORMA A LA JUSTICIA?

En la Comisión Primera del Senado de la República suman en la actualidad 12 senadores incondicionales con el proyecto político de Primero Colombia mas un voto condicional que ha acompañado al gobierno en importantes iniciativas legislativas y debates nacionales.

De esos doce, manifestaron seis la preocupación por un posible impedimento, aunque estaban dispuestos a jugársela toda con la reforma apoyados en las diferentes interpretaciones del concepto escrito emanado de la consulta ante el consejo de estado sobre la materia de impedimentos; y lo que ha hecho carrera y costumbre en anteriores ocasiones al votar cada impedimento personal y se llegaba con la posibilidad de habilitar a los congresistas quienes hacían la mayoría, dejando en un solo formalismo la manifestación de la posible causal de recusación.

Es obvio que en varias ocasiones se ha convertido en una herramienta de la oposición la interpretación sobre conceptos y jurisprudencia en materia de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos. En el caso de este último proyecto de reforma habrían anunciado ya la recusación pero hay que hacer la aclaración que cuando se trata del pellejo propio de la investidura personal, de la posibilidad de enfrentar una demanda; se convierte en una decisión intima de cada congresista, quien en la soledad de su situación deberá enfrentar los estrados judiciales.

La noche en la que se tomo la decisión de desistir por el momento de la reforma a la justicia, se analizaron varios escenarios. Al señor presidente se hicieron manifestaciones reales de lealtad y coherencia, las bancadas en representación de sus partidos estaban firmes y en línea. Pero fue evidente que el Dr. Uribe Vélez al escuchar las conclusiones de las intervenciones de los presidentes de las altas cortes y de varias voces autorizadas del país; decidió ordenar el retiro de la reforma. No hubo disgusto, no hubo enfados, ni palabras desobligantes; vimos en el primer mandatario una actitud centrada, madura y reflexiva; y no solo no quiso poner en riesgo a su bancada ante posibles demandas ni incomodas recusaciones, si no que acató con respeto profundo la recomendación unificada de la rama por la no oportunidad ni conveniencia de tramitar una reforma en este momento. Fue él mismo, al pedir un computador portátil que ubico en sus piernas y con seriedad y humildad patriótica redacto el comunicado de su bancada “Primero Colombia”

No se cuantos comunicados ha encabezado así pero ese lo hizo así y él mismo en las escalas de palacio leyó ante los medios la decisión de no continuar con este proyecto de la reforma, pero si de asumir de manera prioritaria la descongestión de la justicia, la eficacia y la nivelación salarial mas justa al interior de la rama.

Dejó en claro que no se ha hecho ni se permitirá la injerencia ni la intervención en las decisiones del poder jurisdiccional y ni siquiera con las medidas enmarcadas en el estado de conmoción se le quitaran atribuciones a los jueces. Se respeta y se respetará el equilibrio democrático y se acudirá a créditos para entregarle en el 2.010 al país una justicia que mejore el acceso de la ciudadanía a la defensa de sus derechos y a despejar el camino contra la impunidad en lo penal, la lentitud en lo contencioso y la falta de confianza en general.

Analizado el informe de la gestión judicial sistematizada por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, nos encontramos con una estadística que llama a la reflexión sobre la necesidad de volver obligatoria la jurisprudencia para los servidores públicos de la rama ejecutiva que tienen en sus manos el reconocimiento de los derechos fundamentales entre ellos el de la salud, la educación y el reconocimiento de pensión.

La tutela participa con el 20.8% de toda la demanda de justicia en el país. De ese porcentaje el 92.5% de tutelas se tramitan ante despachos de la jurisdicción ordinaria sobre todo en los juzgados.

El 89% de los procesos que ingresan a la rama judicial corresponden a la jurisdicción ordinaria, 9.2% a lo contencioso administrativo, 1.6% a la disciplinaria y 0.1% cursan en la corte constitucional.

De cada 100 procesos que ingresan a la rama judicial se acumulan 8 en los inventarios. Lo ideal es que no se acumulen pero indudablemente lo que aumenta la congestión es la ola de tutelas que desplaza la jurisdicción ordinaria, la capacidad instalada que tiene hoy la rama no es proporcional a la demanda y al aumento irregulado e ilimitado de las pretensiones de la población colombiana y de las leyes que a diario se implementan para la dinámica misma de la evolución de la sociedad.

Bienvenida las acciones ciudadanas, las populares, las tutelas, las nuevas leyes y estatutos pero la verdadera reforma será la descongestión, la erradicación de la impunidad y de manera preventiva las acciones éticas del servidor público que reconozca en la ciudadanía sus derechos sin necesidad de fallos de tutelas.

En el presupuesto del 2009 se aprobó la primera partida para cumplir con la nivelación salarial de los servidores de la rama judicial, hay sentencias, voluntad política, historia del derecho; hay condiciones y todas las expresiones de la comunidad nos tenemos que poner del lado de la objetividad. Entreguemos herramientas financieras y preparémonos para la discusión del arancel en los litigios cuantiosos y como parte de las costas del proceso hagamos un fondo que contribuya a la eficiencia y eficacia de la justicia.

elsagladys.com

senadoraelsagladys@gmail.com

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