EL DESARROLLO RURAL COMO VÍA PARA EL FORTALECIMIENTO AGRARIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Desde 1961, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo,  los colombianos asistimos a la posibilidad de una reforma agraria con la Ley 135, la cual posibilitaría una mejor distribución de las tierras y el desarrollo de productividad de las mismas.

Un esfuerzo encaminado a la oportunidad única en la historia para que los campesinos accedieran a mejorar sus niveles de ingresos, contando con mayores posibilidades de autonomía y desarrollo rural. Según informe de la Contraloría General de la República de un millón de campesinos que trabajaban la tierra y carecían de parcelas en 1962, solo el 10%  de ellos habían recibido tierras a 2004.

Además de la inequidad en la tenencia de las tierras, durante las últimas décadas los campesinos y campesinas de nuestro país, han sido víctimas de grandes desarraigos que implican la traslación del campo a las ciudades, la violencia política, la conformación de grupos armados al margen de la ley, (guerrilla y paramilitares), el impacto sobre el medio ambiente que trae fenómenos naturales devastadores y la adaptación a nuevos procesos culturales, desde los cuales se desfavorece la vocación agraria; al mismo tiempo  que congregan a grandes grupos de desplazados en las ciudades, traen como consecuencia enormes problemas de pobreza,  bajo crecimiento económico, aculturación  e incapacidades para el desarrollo sostenible. Escenario en el cual las tierras son apropiadas por grupos ilegales y narcotraficantes generadores de violencia, desigualdad y aprovechamiento de la proliferación de cultivos ilícitos y  lavado de activos.

Los lugares entonces, son transformados por y para la obtención de productos que a lo largo de la historia reciente se han ido configurando y reconfigurando al ritmo de la organización de fuerzas desiguales y menos favorables para el consumo y comercialización, tanto en la capacidad exportadora como en el dispendio interno.

En este panorama las mujeres además de sufrir las consecuencias de estos conflictos sociales y políticos en el campo, encuentran que su  participación en los procesos rurales en cuanto a la tenencia y manejo de las tierras, históricamente han estado  atravesados por la prevalencia familiar, desde donde estas son obtenidas por herencia paterna; por los privilegios del hombre en el matrimonio; por la mayor representatividad masculina en la comunidad y por los sesgos de conocimiento.

Este contexto muestra a la mujer comprometida mucho mas con las tareas del hogar en roles reproductivos, con la crianza de sus hijos y las labores domésticas, que con una verdadera apropiación práctica y productiva del manejo de las tierras. Dichos procesos han dejado de manera natural a los hombres en el trabajo de productividad, desde el conocimiento y la conducción propiamente de las tierras. Y a las mujeres en el fortalecimiento del contexto familiar y social.

Es claro entonces que en el desarrollo rural, se ha dejado por fuera a las mujeres en cuanto a las actividades agrícolas y pecuarias, en tanto sus capacidades de producción, procesamiento y comercialización agropecuaria. Ellas  son invisibilizadas por las demás actividades de reproducción y por la consecución de los recursos a través de otras actividades que incluyen el trabajo artesanal y la transformación de los productos en artículos de consumo; pero no en el manejo autónomo de sus tierras.

La igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el ambiente rural debe ser uno de los objetivos primordiales de  una política agraria que incluya programas estatales con perspectiva de género; esto es, asegurar la igualdad de derechos en cuanto a la oferta por las tierras, las posibilidades de mayores beneficios y facilidades en la obtención de créditos para el agro, el acceso a la capacitación asistiendo e incentivando la presencia femenina y promoviendo oportunidades laborales, además de la asignación de tierras desde la repartición equitativa tanto para hombres como para mujeres y el privilegio de cooperativas que presenten propuestas de desarrollo rural con perspectiva de género o elaboradas por y para las mujeres.

La institucionalización del cambio en el desarrollo rural se debe dar desde políticas y normas que visibilicen tanto a mujeres como a hombres en el campo y que promuevan objetivos y metas en la mejor tenencia de las tierras y su vocación agropecuaria. Así como la continuación de las políticas de seguridad que garantizan a los campesinos y campesinas el trabajo libre de presiones violentas y de desplazamientos forzados.

El desarrollo sostenible del campo colombiano implica el reconocimiento de las estructuras y procesos, al igual que  la identificación de problemas y conflictos que impiden el progreso, factores que ejercen influencia en el comportamiento y crecimiento agrario y que requieren cambios progresivos, que proporcionen la armonía entre la productividad, la equidad y la mejor calidad de vida bajo un enfoque de sostenibilidad.

El inventario real de los bienes rurales fiscales, los incautados al narcotráfico, y los terrenos baldíos pueden llegar a ser objeto de una justa y equitativa redestribución en igualdad de condiciones; facilitando sobre todo la capacitación, los créditos blandos y el apoyo técnico a los proyectos productivos sostenibles que viabilicen la mejor tenencia de las tierras.

elsagladys.com

senadoraelsagladys@gmail.com

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